El pleno extraordinario de la tasa de residuos evidencia la fractura del Gobierno local y abre una brecha en la gobernabilidad de Coslada
Por Redacción CosladaTV
El pleno extraordinario celebrado el pasado viernes 30 de octubre en el Ayuntamiento de Coslada ha marcado un punto de inflexión en la dinámica política del municipio. La sesión, convocada para debatir la actualización de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Recogida y Gestión de Residuos, derivó en un tenso episodio institucional que culminó con la retirada del punto por parte de la Alcaldía tras la aprobación de la mayoría de las enmiendas presentadas por la oposición.
Las entrevistas realizadas por CosladaTV a los tres actores centrales del pleno —Paco Becerra (PP), Macarena Orosa (Portavoz municipal) y Fernando Romero (Primer Teniente de Alcalde y concejal no adscrito)— muestran tres lecturas irreconciliables sobre la legalidad del procedimiento, la justicia fiscal de la tasa y el equilibrio de fuerzas que regirá el pleno en lo que resta de mandato.
Un choque procedimental: ¿Derecho de retirada o «trillerismo político»?
El detonante del conflicto fue la votación de las nueve enmiendas presentadas por el Partido Popular, de las cuales siete resultaron aprobadas gracias a una suma inédita de 13 votos procedentes de las bancadas del PP, Vox y el propio Fernando Romero, frente a los 12 votos en contra del equipo de gobierno. Ante este resultado, el alcalde decidió retirar del orden del día el texto definitivo de la ordenanza antes de someterlo a votación global.
Para el portavoz popular, Paco Becerra, la maniobra constituye una actuación «totalmente antidemocrática» y un «truco de trillerismo político». Según Becerra, una vez debatidas y aprobadas las enmiendas, la propuesta pasa a ser propiedad de la corporación plenaria y no del regidor. Por ello, su formación ha solicitado amparo a la Secretaría General para que determine la validez jurídica de los acuerdos votados y la custodia de las grabaciones.
En el extremo opuesto, Macarena Orosa defiende que la decisión se tomó como «un mal menor» para evitar que entrara en vigor una norma desvirtuada con informes jurídicos y técnicos desfavorables que argumentaban visos de ilegalidad. Orosa recuerda que, al no haberse iniciado la votación del conjunto de la ordenanza y ante la imposibilidad de cumplir los plazos legales de exposición pública antes del 31 de diciembre, la retirada era la única vía técnicamente responsable.
Por su parte, Fernando Romero encuadra el desenlace dentro de las atribuciones normativas de la Alcaldía, asegurando que el procedimiento no genera indefensión ni quebranto legal alguno, limitándose a prorrogar las tarifas actualmente vigentes.
Modelos fiscales en debate: Bonificaciones frente a rebaja universal
Más allá de la batalla formal, el trasfondo económico puso de manifiesto dos concepciones contrapuestas sobre la aplicación de la Tasa de Residuos. El grupo municipal del Partido Popular defendió un esquema basado en un incremento sustancial de las bonificaciones a colectivos e iniciativas medioambientales particulares: descuentos por el uso continuado del punto limpio, rebajas catastrales para familias numerosas, deducciones por compostaje y exenciones para comercios cerrados o empresas con gestores privados de residuos.
Desde el Gobierno municipal, Macarena Orosa rebatió la efectividad de tales medidas argumentando que la propuesta del Ejecutivo planteaba una minoración directa para la totalidad de la población de Coslada y no para sectores acotados. Asimismo, la portavoz recordó que el articulado vigente ya contempla reducciones significativas para familias numerosas y uso del punto limpio, calificando algunas de las pretensiones de la oposición de poco viables desde la perspectiva contable pública.
El debate sobre la viabilidad técnica tuvo su mayor punto de fricción en la enmienda referida al servicio de recogida de papel y cartón. Mientras Becerra acusó al Consistorio de haber omitido en el estudio económico los más de 94.000 euros dejados de percibir durante los 15 meses en que el servicio careció de contrato en vigor, Orosa desestimó la cifra calificándola de «cálculo irreal» basado en precios de mercado obsoletos y remarcando la independencia contable entre la tasa de residuos urbanos y las contratas de reciclaje. En este aspecto concreto, Romero discrepó de los populares y alineó su voto con el informe de Intervención para no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria.
Gobernabilidad y futuro político en el Ayuntamiento de Coslada
La consecuencia política más relevante de la jornada es el escenario de incertidumbre que se abre en el pleno municipal. La coincidencia del voto de Fernando Romero con los grupos de la oposición ha hecho visible una mayoría alternativa de 13 concejales, interpretada por el Partido Popular como el nacimiento de una «mayoría del sentido común» capaz de frenar las iniciativas fiscales del Gobierno.
No obstante, Romero quiso disipar las lecturas de ruptura del pacto de estabilidad suscrito con el PSOE, reiterando su compromiso con la gobernabilidad pero reclamando espacios de negociación real previa. El primer teniente de alcalde afeó al área económica la falta de diálogo previo y el intento de imponer las propuestas sin margen de enmienda, haciendo un llamamiento expreso a abandonar la política de bloques y priorizar la resolución de los problemas locales como la limpieza viaria y el mantenimiento de los servicios públicos.
En respuesta, el equipo de gobierno insiste en que su prioridad continuará siendo la estabilidad institucional y el desarrollo de los proyectos previstos para el municipio, confiando en poder canalizar las discrepancias en los plenos sucesivos
